Aparte de la toma de la Bastilla, la batalla ideológica contra el Antiguo Régimen se libró también en mentes como las de Adam Smith o John Locke argumentando a favor de la libertad del ser humano respecto de sus actividades productivas, gestando así el liberalismo económico. Entre los liberales podemos encontrar todo un abanico de posturas que se mueven entre aquellos más radicales que propugnan la desaparición de toda intervención ajena al libre juego del mercado, y aquellos otros que requieren el establecimiento de unas reglas del juego iguales y transparentes para todos, sin las cuales no podríamos hablar de un auténtico mercado libre, puesto que algunas posiciones dominantes podrían comprometer seriamente la libre competencia, núcleo de la teoría social liberal. Sea como fuere, las leyes básicas de las actuales sociedades occidentales capitalistas establecen el principio de la economía libre de mercado de la que la noción de libertad de empresa es un corolario. Con mayor o menor insistencia, la complejidad de dichas sociedades viene postulando además la transparencia informativa empresarial, de modo que podamos hablar de un auténtico mercado libre en el que la competencia sirva mejor a la sociedad y a sus individuos, generando la confianza suficiente como para dinamizar aquella competencia. La importancia de esta transparencia , y del concepto asociado de "confianza", se ha puesto de manifiesto de nuevo, como en los años treinta del pasado siglo, en la actual crisis financiero-económica.
En este contexto, Ignacio Arroyo reflexiona sobre la función en España de la auditoría externa como garante de aquella transparencia. Observa que, a diferencia de Francia y Alemania, donde existe un sistema dual de control empresarial mediante el que se reparten competencias entre el consejo y el órgano de vigilancia de las empresas, o de Italia, donde el control de la legalidad es encomendado a un colegio sindical, en España el poder se concentra en los mismos administradores empresariales, que además son los que contratan y pagan a los auditores, cuatro de los cuales se reparten el 90% de lo auditado... Ante esta situación de falta de independencia auditora, Arroyo cree que la reciente Ley de Auditoría de cuentas española se ha quedado corta, por lo que formula algunas propuestas para evitar las deficiencias actuales, congratulándose de que algunas de ellas han sido recogidas en la más reciente aportación de la Comisión Europea: Libro verde. Política de auditoría: lecciones de la crisis. He aquí las propuestas de Arroyo:
En este contexto, Ignacio Arroyo reflexiona sobre la función en España de la auditoría externa como garante de aquella transparencia. Observa que, a diferencia de Francia y Alemania, donde existe un sistema dual de control empresarial mediante el que se reparten competencias entre el consejo y el órgano de vigilancia de las empresas, o de Italia, donde el control de la legalidad es encomendado a un colegio sindical, en España el poder se concentra en los mismos administradores empresariales, que además son los que contratan y pagan a los auditores, cuatro de los cuales se reparten el 90% de lo auditado... Ante esta situación de falta de independencia auditora, Arroyo cree que la reciente Ley de Auditoría de cuentas española se ha quedado corta, por lo que formula algunas propuestas para evitar las deficiencias actuales, congratulándose de que algunas de ellas han sido recogidas en la más reciente aportación de la Comisión Europea: Libro verde. Política de auditoría: lecciones de la crisis. He aquí las propuestas de Arroyo:
- Auditores funcionarios pagados directamente por el Estado, e indirectamente por el empresario.
- Nombramiento del auditor por un funcionario garante del mercado.
- Limitación anual del mandato.
- Rotación obligatoria.
- Separación de las funciones de asesoría, contabilidad, auditoría y control de la legalidad.
- Agravar la responsabilidad de los auditores.
- Fraccionar la concentración oligopolista de las empresas auditoras.
- Someter a auditoría pública a las empresas de auditoría.