Ante el debate sobre la viabilidad económica del Estado de las Autonomías en España, en el que tanto algunos nacionalistas españoles como otros catalanes creen que se ha demostrado la inviabilidad de aquel "café para todos" de la Constitución de 1978 adoptado por los temores presentes en la transición, en referencia a que cada región española tuvo su organización política autonómica propia cuando sólo algunas eran las realmente históricas, Santos Juliá nos recuerda un par de aspectos básicos para no caer de nuevo en confusiones que tal vez nos lleven a cambiar el modelo de Estado pero no a solucionar los verdaderos problemas que nos aquejan:
- La idea del Estado autonómico no proviene de los temores de 1978, sino que ya estaba en la Constitución de la República de 1931. La diferencia es que en la República se enunciaban estrictamente las competencias respectivas mientras que en 1978 casi todo era posible.
- La cuestión es someter a una dura crítica las prácticas políticas, así Juliá nos dice:
- "Nadie impuso a los gobiernos de las comunidades autónomas multiplicar las televisiones públicas, crear entes autónomos a cargo del presupuesto, reproducir la estructura del Estado, dedicar dinero de los ERE a la pensión de la suegra, contratar al Bigotes para recibir al Papa, utilizar las Cajas de Ahorros para financiar proyectos faraónicos, autorizar planes urbanísticos de destrucción de las costas..."
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