En España es necesaria sin más dilación una Ley de transparencia y acceso a la información pública. No es que deba alcanzar sólo al plano económico, pero por mor de la crisis conviene centrarse en él, por eso lo que la mencionada Ley debería regular es que todo lo que gasten las administraciones públicas o las privadas que usen fondos públicos, tendría que estar disponible en internet con todo lujo de detalles. Los ciudadanos son los dueños de esa empresa que se llama Estado y la pagan con sus impuestos. La viabilidad de la empresa termina afectando a sus impuestos y a sus sueldos, de modo que aquellos tienen derecho a saber en qué se gasta hasta el último céntimo. Concedamos que se excluyan, por el momento, los llamados "fondos reservados" que parece que se usan en las cloacas del Estado, de modo que queden metodologógicamente excluidos aunque sea para que nadie venga con el argumento de que no puede hacerse la ley de transparencia porque se desvelarían aquellas cloacas. Salvando esto, en el resto es necesario ir a la raíz; esto es, una vez ejecutados los presupuestos deberían hacerse publicos los detalles en el mes siguiente al del fin de su ejecución; a saber, si el presupuesto ejecutado es el del 2010, deberían publicarse los detalles en enero de 2011. Y no resulta admisible decir que en la actualidad ya se hacen públicos. La publicidad actual es casi una forma de ocultación. Lo que debería ocurrir es que existiera una página web única para todo el Estado español en la que fueran colgados todos los detalles de la ejecución de los presupuestos de todas las administraciones públicas, hasta el punto de que un ciudadano pueda ir al capítulo de un ministerio, consejería, concejalía o gerente de una empresa sostenida total o parcialmente con fondos públicos, y sencillamente pinchar sobre cualquier aspecto para que finalmente acabe apareciendo en la pantalla del ordenador del ciudadano la factura real escaneada correspondiente a un restaurante con expresión de los menus que han sido consumidos, su precio y el número de personas, o los billetes de avión y a qué precio, o los costes de montar una videoconferencia... Es decir, todo y con todo lujo de detalles. Y, además, si el Estado español financia a otros Estados u organismos, tendría que ser con la condición de que éstos se comprometieran a la misma transparencia.No se trata de ninguna obscenidad. El dinero público es un dinero cedido por la vía de la representación, y esta cesión debe exigir la transparencia al menos por dos razones: la primera de carácter moral, puesto que unas personas están usando un dinero que no es suyo, es de otros, los representados, y estos últimos deben ser considerados en su mayoría de edad en el sentido kantiano; la segunda de carácter económico, puesto que la transparencia permitiría una fiscalización más crítica y puede que una mayor contención en el gasto.
P.S.:
P.S.:
- Manfredi, Juan Luis. "A vueltas con la transparencia". El País, 15/08/2010, Opinión, página 21.
- Efectos de la transparencia: ¿Quién paga el coacher del Presidente valenciano? El País 31/05/2013.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 10/12/2013).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por su comentario. En breve será publicado.
Thanks for your comment. It will be published as soon as possible.