España: Críticas desde el poder judicial

El diario El País publica una serie de entrevistas a profesionales del mundo de la justicia en las que vierten sus análisis críticos sobre diversos aspectos de la vida política en España. Resumimos a continuación algunas de las opiniones de las personas entrevistadas.

Magistrado Miguel Ángel Torres Segura (entrevista en El País 23.08.2014):

• Tras haber instruido importantes casos de corrupción, el juez Torres Segura considera que en España los funcionarios no son corruptos. Cree más bien que hay una "corrupción política institucional, de arriba a abajo, tenemos una corrupción en el sistema, no de los funcionarios." La sociedad española es permisiva con la corrupción. Falta transparencia en la administración pública. Como juez sabe que hay jueces que siguen las consignas de los de arriba para prosperar o para no tener problemas, lo que es una forma de corrupción.

Fiscal Anticorrupción Pedro Horrach Arrom (entrevista en El País 24.08.2014):

• Considera que en los años 90 no se entendió que los casos de corrupción desvelados "eran sólo la punta del iceberg de una corrupción subyacente." Pone de relieve que en Baleares los aforados políticos sólo podrían ser investigados y juzgados por miembros del Tribunal Superior de Justicia, los cuales han sido elegidos por dichos aforados. Para luchar contra la corrupción en la administración pública deberían publicarse bases de datos con toda la información contractual. Deja entrever que le parece que el delito fiscal no está adecuadamente tipificado puesto que exige "que la cuota defraudada sea superior a 120.000 euros, lo que significa que la base imponible ha de ser de al menos 500.000 euros en Sociedades y de 600.000 euros en IRPF [...] La cultura del valor del dinero público no existe." Opina que la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos no interesa a ningún partido político. Actualmente para que haya delito tiene que haber falsedad en las cuentas de los partidos; cree que "lo que se debería contemplar como hecho delictivo es el simple uso del dinero B por un partido político [...] La experiencia constata que la mayoría de ese dinero procede de comisiones por adjudicaciones de obras públicas o servicios [...] debería castigarse en los casos más graves, con la suspensión o la disolución del propio partido, acompañado de importantes sanciones económicas." Para combatir los sobrecostes de los servicios públicos por cohecho propone la creación de una oficina de recuperación de activos, que existe en otros países de nuestro entorno. Le parece que el delito de prevaricación debería especificar en detalle qué omisión de trámites esenciales se deben vulnerar para sustanciarla, con figuras delictivas tipificadas penalmente para los funcionarios que los omitan. Echa en falta en España una política criminal que defina las prioridades de los delitos que se deben perseguir. Está de acuerdo con la reforma que atribuye a los fiscales la investigación de los casos.

Magistrado Javier Gómez Bermúdez (entrevista en El País 26.08.2014):

• Cree que uno de los problemas de España es que para combatir la corrupción "no basta con legislar sino hay que ejecutar, hacer que se cumplan [las normas]." Considera que en España habría una corrupción institucional que lleva a nombrar al amigo para determinados cargos en lugar de a otro con más méritos. En la persecución de los delitos económicos afirma que "la Agencia Tributaria está exhausta por nuestra solicitudes de proporcionarnos funcionarios y llega un momento en que te dice que para tus informes te asignan unos peritos que antes deben acabar el informe que le están haciendo a otro juez, con lo que el procedimiento se dilata uno o dos años [...]". Asimismo defiende que cuando haya en una investigación aforados de varios territorios, la investigación no debería dividirse como ahora, sino asignarse a un solo tribunal. En cuanto a los delitos de corrupción cree que se deberían "arbitrar mecanismos que impidan que la ocultación que se hace del hecho desde el poder -porque estos hechos se descubren cuando cambia la torna política-, no impida investigación posterior", ajustando los plazos de prescripción. En el caso de la financiación ilegal de los partidos políticos y sindicatos cree que se debería establecer que la responsabilidad la tiene el máximo responsable, que así procurará que todos sus colaboradores sean honrados.

 Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón (entrevista en El País 29.08.2014):

• Para hacer frente a la financiación ilegal de los partidos políticos pretende que se "individualizará la responsabilidad penal en los gestores de los partidos políticos, una persona responsable de las finanzas que asumirá la responsabilidad penal de cualquier acto ilegal que se realice. Y si esa persona hubiese realizado ese acto con conocimiento o consentimiento de directivos de ese partido político, ellos también serán penalmente responsables." No prevé castigos para el partido político. Respecto de los aforados prevé pasar de 17.621 aforados (contando los de las fuerzas y seguridad del Estado serían 280.159) a 22 aforados en España. Cree que los únicos aforados que deberían subsistir "son, aparte de los que afectan a la familia real, los titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, y esto suma 22 personas."