España: Presupuestos 2012 y deuda pública

Respecto de los presupuestos que ha presentado el Gobierno de España (PP) para 2012, aunque el Ministro de Economía ha hablado de ello, consideramos que no se han explicado suficientemente los riesgos que supone un aumento de la deuda de las administraciones públicas. Mientras no se expongan poderosas razones, puede que no resulte convincente la manera de abordar el principal reto financiero-económico que tiene España: la deuda. Este hecho no deja de resultar sorprendente teniendo en cuenta, por un lado, la mayoría absoluta que recientemente ha alcanzado el partido que sustenta al Gobierno en el proceso electoral de noviembre de 2011; y, por otro lado, que el propio Ministro de Haciencia ha repetido una y otra vez que el problema de España es un problema de deuda y financiación. No se entiende pues que los presupuestos mecionados prevean para el conjunto de las administraciones públicas al final de 2012 un aumento de la deuda que pasará del 68,5% del PIB al final de 2011 hasta el 79,8% al final de 2012. Con todo es una deuda menor que la de Alemania. La diferencia es que en España la deuda privada supera a todo hijo de vecino, y sabemos por esta crisis que la deuda privada se convierte en pública. Aún así, es cierto que hay opiniones que defienden que el problema de España no es un problema de deuda, sino de falta de ingresos, por lo que dichas opiniones consideran que no conviene ahora reducir la inversión pública. Eso sería una buena idea si no fuera porque lo que indica el aumento de la prima de riesgo es sencillamente que a medida que termina la barra libre del BCE, se ve claro que el problema de España es también el de que los capitales no le prestan dinero salvo a intereses tan altos que la deuda resulta insostenible, impagable. De hecho ya se paga más por intereses de la deuda que por todo el capítulo de personal. Lo dijo Wolfgang Schäuble hace unos meses con toda claridad al afirmar que algunos países en Europa habrían vivido estupendamente mientras los mercados les prestaron a bajo precio. El problema ahora es que no les quieren prestar, de modo que resulta difícil pensar en un presupuesto expansivo si no hay fuentes de financiación accesibles. Otros dicen que el BCE tendría que seguir prestando, pero como eso depende de que los países ricos de Europa lo acepten, se hará simplemente si ellos ponen las condiciones. Y eso se llama intervención, que no es otra cosa que otros hagan a las bravas lo que los propios no son capaces de hacer.
En España se ha llegado a esta situación por una serie de causas que conviene recordar si se quiere ir al fondo de la cuestión. La primera de las causas consiste en que durante más de una década los gobiernos de España no han sido capaces de  hacer efectivo un cambio de orientación en el sistema productivo que habría permitido situarse en una posición favorable ante las nuevas coyunturas; por ejemplo la de la intensa competencia económica que han generado los llamados países emergentes (BRIC). Que esto iba a ocurrir era conocido en España, al menos por sus gobernantes. De hecho la estrategia de la Unión Europea (UE), conocida como la estrategia de Lisboa, planteaba en el año 2000 que el objetivo era hacer que la UE en 2010 fuera una economía más competitiva, lo que requería empresas innovadoras. Esto no era mera teoría, puesto que se partía del reconocimiento de estar ya retrasados a causa del incumplimiento de planes de innovación anteriores. Los alemanes dicen con satisfacción que ellos producen precisamente todo lo que dichos países necesitan, pero ¿qué ofrece el sistema productivo español?
En lugar de realizar cambios en el modelo productivo aprovechando las inversiones que procedían de la UE (hasta un 1 % del PIB), España se dedicó a cultivar en ese período otras actividades que se revelan como causas entrelazadas de la crisis que vive actualmente el país. La primera actividad afectó a una parte importante del ámbito privado  desarrollando la burbuja inmobiliaria, consistente en un aumento constante del precio del suelo y de la vivienda, acompañado del incremento constante de la construcción en España (se construyó más en España que en el resto de la UE de entonces). Como es propio de la naturaleza humana, la burbuja inmobiliaria no atraía sólo  ingentes cantidades de mano de obra no cualificada (lo contrario que se pretendía con la estrategia de Lisboa), sino que también atrajo capitales externos ávidos de ganancias rápidas y fáciles, los cuales iban estimulando a su vez el crecimiento de la burbuja. Este flujo de capitales hizo que buena parte de las entidades de crédito españolas no se resistieran a entrar en el negocio inmobiliario, algunas de manera temeraria (según el administrador de la intervenida CAM: "de los 53.000 millones en créditos concedidos por la caja alicantina, solo unos 1.000 millones corresponden a empresas ajenas al sector inmobiliario"). ¿Acaso no se sabía lo que iba a ocurrir? Cabe recordar que en España se había vivido una crisis inmobiliaria a finales de los años 80 y principios de los 90 del s.XX, tras la cual casi todo el mundo era consciente de que los aumentos de precio podían venir acompañados de descensos (esto no es sólo propio del mundo inmobiliario, sino del mismo sistema de economía de mercado, cuyo proceso de toma de decisiones está bien retratado en Margin Call). Por tanto había una consciencia explícita acerca de lo que es una burbuja inmobiliaria. Nadie puede alegar cabalmente que no podía imaginar el derrumbe de los precios acontecidos en el mercado inmobiliario en España a finales de la primera década del s.XXI. De hecho, siempre se le llamó "burbuja" inmobiliaria, y no parece que nadie desconozca lo que el término "burbuja" significa.
Pero además, a la vista de los nuevos ingresos económicos, las administraciones públicas decidieron crecer, en lugar de guardar para tiempos peores. Así lo hicieron especialmente las administraciones locales y las de las comunidades autónomas, en mayor medida cuanto más relación tuvieron con las actividades inmobiliarias.  Pero no sólo crecieron aprovechando los nuevos ingresos provenientes de la actividad inmobiliaria, sino que además crecieron sobre la base de una financiación bancaria en previsión de que los ingresos continuarían del mismo modo en el futuro. Los gobiernos no dudaban en tratar de seducir al electorado con todo tipo de inversiones (incluso había responsables políticos para "grandes proyectos") por poco que estuviera garantizada su rentabilidad o incluso su viabilidad, puesto que podían acometer cualquier inversión recurriendo a la financiación que ya pagarían las generaciones futuras. Al menos públicamente casi nunca parecía preverse qué pasaría cuando la burbuja explotara. Algunas entidades bancarias sucumbieron a dicha actividad clientelar y asumieron riesgos mayores para facilitar la mencionada financiación. Desde el Gobierno de España lejos de contener la burbuja se bajaban los impuestos, se congratulaban del superior crecimiento del PIB, de que España superaba a otros importantes países de la UE, de que el sistema bancario español era sólido; y, más tarde, no se reconocía que la burbuja había estallado. Tampoco se habían puesto los medios para conseguir terminar con el fraude fiscal que algunas fuentes cifraban en el 25%.
Cuando por causas externas (crisis en EEUU) los capitales se marcharon, la burbuja estalló y, con ello, todo lo que de ella dependía y que hemos relacionado más arriba. El problema actual es que España, tanto en el ámbito público, como todavía más en el privado, se ha contraído una deuda enorme para la que ahora no hay financiación sino a unos elevados costes que pueden ser insostenibles. Por eso sorprende que en los presupuestos para 2012 del Gobierno de España, aunque prevea una contención del déficit, se prevea un aumento de la deuda de más del 10 % del PIB. Alguien puede pensar que ya se hace mucho conteniendo el déficit, y que lo razonable es seguir el plan de reducir el déficit hasta el 3% del PIB al final de 2013, que es lo pactado con la UE. Y es cierto que se trata de un gran esfuerzo, con grandes sacrificios que sobre todo hacen las personas más alejadas de los centros de decisión. Pero, seguimos viendo en las medidas que adopta el Gobierno de España subvenciones/incentivos que van a la actividad privada, por lo que cabe preguntarse ¿por qué tiene que seguir aumentando la deuda pública? Y, más todavía, cabe preguntarse si no se estará poniendo en riesgo el mismo Estado y la propia Administración pública con el aumento de la deuda pública en las condiciones presentes. Si la deuda pública aumenta porque se está soportando la deuda de las administraciones locales y autonómicas, ¿no se está lanzando el mensaje de que endeudarse sin previsión no trae todas las consecuencias allí dónde se ha generado el problema? Por cierto, sería justo el mensaje contrario del que se nos envía desde la UE ¿Se ha valorado cabalmente qué va a ocurrir si España no consigue refinanciar de manera sostenible esa deuda creciente que alcanzará el 79,8% del PIB? ¿No terminará éste siendo un camino para que después se diga que la Administración pública resulta insostenible a causa del aumento de la deuda y se pretenda privatizarla o eliminarla, esperemos que sólo en parte, sin que tengamos el control de decidir en qué parte?