Conviene recordar que el término política proviene del griego polis, que venía a significar ciudad. En este sentido etimológico, la actividad política sería aquella que se dedicaría a ocuparse de la ciudad: la polis. Platón, el gran filósofo de la antigüedad clásica griega, escribió un tratado en forma de diálogo al que tituló Política, y que la tradición latina española nos ha hecho llegar con el título de República, por aquello de que el libro se ocupaba de la res o cosa pública, que era la ciudad, la civitas latina. Platón trata el asunto de la educación que convendría a los individuos para convertirse en buenos ciudadanos e incluso para poder gobernar la polis de manera justa. En este gran sentido del término, podríamos decir que educar para la ciudadanía no sería otra cosa que educar para la mejor política. Sin duda, nuestro mundo actual es mucho más complejo que el griego clásico, pero continuamos haciendo política; es decir, seguimos ocupándonos de cómo organizar mejor esta macro-ciudad en la que vivimos y, para conseguirlo, también como Platón, sabemos que la educación es un elemento fundamental porque en ella de lo que se trata es de formar mejor a los ciudadanos del futuro. Y esto lo sabemos aunque muchas veces la educación no esté hoy entre los temas principales de las campañas electorales ni de las preocupaciones ciudadanas.
En España, el régimen político encabezado por Francisco Franco consideró que era muy importante educar políticamente al alumnado. Todavía en 1970 la Educación Cívico-Social era una materia de 4º curso de Primaria. El alumnado que entre 1970 y 1976 cursó los seis años del Bachillerato del plan de 1967 tuvo en todos los cursos la asignatura Formación del Espíritu Nacional, también llamada por todos entonces con el nombre de Política para simplificar. Franco murió en 1975, pero todavía el alumnado que en 1976-1977 hizo el Curso de Orientación Universitaria (COU) recibió instrucción en la materia común y obligatoria llamada Seminario de Formación Cívico-Social. El objeto básico de estudio de estas materias provenía del núcleo constituido por las Leyes Fundamentales del Reino, a la cabeza de las cuales estaba la Ley de Principios del Movimiento Nacional. El propio régimen de Franco promovió una reforma del sistema educativo con la Ley General de Educación (LGE) de 1970, que se aplicaría curso a curso progresivamente en los años posteriores extinguiendo aquel plan anterior de 1967. Con el desarrollo de la LGE, dejaba de haber una materia específica para los temas políticos, los cuales se incluyeron en la asignatura de Ciencias Sociales de la Educación General Básica (EGB), y se estableció además el área social y antropológica del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) que se ocuparía de “geografía e historia, con preferente atención a España y a los pueblos hispánicos; filosofía; formación política, social y económica”. De modo que la política seguía presente en el sistema educativo, aunque de otro modo.
En 1978 se aprobó la Constitución Española y, en los años siguientes, diversas leyes modificaron aspectos de la LGE pero el sistema mencionado de la EGB y el BUP permaneció hasta 1990, hasta que un Gobierno del PSOE, presidido por Felipe González, promovió la reforma que supuso la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE); según la cual, en Primaria habría el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural; en Educación Secundaria Obligatoria se disponía el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia; y en Bachillerato las materias comunes de Historia y de Filosofía. Esta ley preveía que los valores democráticos formaran parte de las finalidades y los principios de la educación y, por tanto, éstos se tendrían que desplegar transversalmente por todo el sistema educativo. El presidente José María Aznar y su Gobierno del PP aportaron su propia ley educativa en 2002 con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), en la que los aspectos que acabamos de mencionar no fueron sustancialmente modificados. Es sin embargo en 2006 cuando un nuevo Gobierno del PSOE, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, recoge una serie de recomendaciones que desde 1997 venía haciendo el Consejo de Europa y, con la Ley Orgánica de Educación (LOE), introduce en el sistema educativo la materia específica Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (EpC), manteniendo al mismo tiempo aquella transversalidad de la educación en valores democráticos que preveían las dos anteriores leyes citadas.
En resumen, durante el período temporal de la historia educativa de España al que nos hemos circunscrito, la educación social y cívica ha estado presente como materia específica o de manera integrada en otras materias además de haber pretendido estar presente también transversalmente. Con la LOE se vuelve a una materia específica, manteniendo la transversalidad al mismo tiempo. Ahora bien, no es un retorno al mismo punto en el que se dejo la especificidad anterior. La Constitución de 1978 estableció la distancia entre la dictadura anterior y la democracia. La materia Formación del Espíritu Nacional no devenía de un modelo político democrático, mientras que la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos pretende formar ciudadanos libres en democracia.
En España, el régimen político encabezado por Francisco Franco consideró que era muy importante educar políticamente al alumnado. Todavía en 1970 la Educación Cívico-Social era una materia de 4º curso de Primaria. El alumnado que entre 1970 y 1976 cursó los seis años del Bachillerato del plan de 1967 tuvo en todos los cursos la asignatura Formación del Espíritu Nacional, también llamada por todos entonces con el nombre de Política para simplificar. Franco murió en 1975, pero todavía el alumnado que en 1976-1977 hizo el Curso de Orientación Universitaria (COU) recibió instrucción en la materia común y obligatoria llamada Seminario de Formación Cívico-Social. El objeto básico de estudio de estas materias provenía del núcleo constituido por las Leyes Fundamentales del Reino, a la cabeza de las cuales estaba la Ley de Principios del Movimiento Nacional. El propio régimen de Franco promovió una reforma del sistema educativo con la Ley General de Educación (LGE) de 1970, que se aplicaría curso a curso progresivamente en los años posteriores extinguiendo aquel plan anterior de 1967. Con el desarrollo de la LGE, dejaba de haber una materia específica para los temas políticos, los cuales se incluyeron en la asignatura de Ciencias Sociales de la Educación General Básica (EGB), y se estableció además el área social y antropológica del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) que se ocuparía de “geografía e historia, con preferente atención a España y a los pueblos hispánicos; filosofía; formación política, social y económica”. De modo que la política seguía presente en el sistema educativo, aunque de otro modo.
En 1978 se aprobó la Constitución Española y, en los años siguientes, diversas leyes modificaron aspectos de la LGE pero el sistema mencionado de la EGB y el BUP permaneció hasta 1990, hasta que un Gobierno del PSOE, presidido por Felipe González, promovió la reforma que supuso la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE); según la cual, en Primaria habría el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural; en Educación Secundaria Obligatoria se disponía el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia; y en Bachillerato las materias comunes de Historia y de Filosofía. Esta ley preveía que los valores democráticos formaran parte de las finalidades y los principios de la educación y, por tanto, éstos se tendrían que desplegar transversalmente por todo el sistema educativo. El presidente José María Aznar y su Gobierno del PP aportaron su propia ley educativa en 2002 con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), en la que los aspectos que acabamos de mencionar no fueron sustancialmente modificados. Es sin embargo en 2006 cuando un nuevo Gobierno del PSOE, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, recoge una serie de recomendaciones que desde 1997 venía haciendo el Consejo de Europa y, con la Ley Orgánica de Educación (LOE), introduce en el sistema educativo la materia específica Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (EpC), manteniendo al mismo tiempo aquella transversalidad de la educación en valores democráticos que preveían las dos anteriores leyes citadas.
En resumen, durante el período temporal de la historia educativa de España al que nos hemos circunscrito, la educación social y cívica ha estado presente como materia específica o de manera integrada en otras materias además de haber pretendido estar presente también transversalmente. Con la LOE se vuelve a una materia específica, manteniendo la transversalidad al mismo tiempo. Ahora bien, no es un retorno al mismo punto en el que se dejo la especificidad anterior. La Constitución de 1978 estableció la distancia entre la dictadura anterior y la democracia. La materia Formación del Espíritu Nacional no devenía de un modelo político democrático, mientras que la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos pretende formar ciudadanos libres en democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por su comentario. En breve será publicado.
Thanks for your comment. It will be published as soon as possible.