España: Crisis e independencia de la función pública

España es un país con algo más de 40 millones de habitantes con un modelo político próximo al de los países más desarrollados, en el que los ciudadanos organizan en libertad su vida privada y además comparten una serie de asuntos comunes mediante lo que llamamos Administración pública o Estado, al frente de la cual se dispone a unos representantes políticos para que temporalmente dirijan los asuntos comunes, a la vez que se contrata de manera estable a funcionarios para que gestionen y aseguren el cumplimiento de las normas con su independencia.  Por todo ello la sociedad civil retribuye tanto a los representantes como a los funcionarios que se ocupan de los asuntos comunes o públicos. Ahora bien, los rectores y los gestores de los asuntos comunes no son los que con carácter básico generan la riqueza, sino que tal cosa corresponde a la sociedad civil privada. Obviamente los primeros pueden establecer regulaciones y trazar caminos mediante incentivos para tratar de mejorar el bien común; pero si la actividad económica privada no tiene éxito, o su generación de riquezas desciende, entonces tal vez no podrá mantener el coste de gestión de los asuntos comunes que haya contraído hasta ese momento. Y esta eventualidad es la que se da ahora en España y es por la que España despide y recorta salarios a empleados públicos y reduce los servicios públicos comunes.
Los datos de dicha situación fueron expuestos por el Presidente del Gobierno de España en su comparencia ante el Congreso de los Diputados (Diario de sesiones 11.07.2012 página 7) ofreciendo, entre otros, una comparación con otros países respecto de la deuda en relación con el PIB, que ahora completamos para una mejor comprensión:

• DEUDA PÚBLICA:

• 2012. España (previsión): 79,8%

• 2011. España: 70%, Italia: 121%, Francia: 87%, Reino Unido: 81%, EEUU: 100%, Alemania: 83%.

• DEUDA NETA EXTERNA:

• 2012. España: 165 %, Italia: 21%, Francia: 11%, Reino Unido: 14%, EEUU: 17%, Alemania: -36% (es acreedora neta por ese importe).

Así pues, con ser grave una deuda pública que aumenta, el problema fundamental de España no es otro que la deuda externa que es principalmente privada. Esto significa que la actividad privada en España no genera la suficiente riqueza, sino que se endeuda mucho más que la de los países antes citados, para conseguir los bienes que requiere. Ante dicha situación, la sociedad civil, a través de sus representantes políticos, está aumentando sus aportaciones a la gestión común mediante el incremento de determinados impuestos a la vez que recorta los gastos comunes puesto que considera que no puede permitirse una administración pública como la que ha construido en los años pasados, sencillamente porque sus ingresos no son suficientes incluso aunque su administración pública tenga tasas de deuda similares o menores que las de los países de su ámbito, e incluso teniendo en cuenta que dicha deuda sería menor de no ser porque dicha administración pública española está asumiendo costes que son propios de la sociedad civil (ayudas públicas a empresas y organizaciones privadas de todo tipo, especialmente las financieras) que se consideran especialmente relevantes. La burbuja inmobiliaria al actuar como un espejismo había impedido hasta ahora poner de manifiesto de manera transparente los problemas estructurales y de competitividad del sistema productivo privado en España. De entre las entidades privadas, la burbuja inmobiliaria ha afectado especialmente a buena parte de las entidades financieras españolas que son las que han aumentado fuertemente el endeudamiento privado de España creando un círculo vicioso de endeudamiento con las administraciones públicas sin que haya sido atajado por los responsables políticos.

Así, debería quedar claro que no se recorta sueldos a los funcionarios porque hayan hecho mal su trabajo, tampoco es que los funcionarios públicos en España estuvieran excesivamente retribuidos, ni se trata de que los servicios públicos comunes fueran excesivos, ni que tuvieran demasiados días libres o jornadas de trabajo reducidas. No es nada de eso, sino que más bien se trata de la incapacidad de la sociedad civil para mantener las obligaciones y las expectativas contraídas respecto de sus servicios comunes. Naturalmente conviene que la sociedad civil se pregunte qué ha fallado en ella misma, en la propia gestión de la administración pública y, sobre todo, qué puede hacer para recuperar niveles de servicios públicos anteriores o incluso si los quiere mantener en el futuro.

Pero aparte de lo anterior, que quizá sea lo más importante, cualquier paso en falso puede generar más problemas. Por ejemplo, con motivo de la presente demonización de la función pública, podrían adoptarse medidas sin una conciencia clara de sus consecuencias. Hay la tentación de querer que los funcionarios públicos puedan ser despedidos y se les apliquen las normas del derecho laboral común, y no el administrativo como ahora, generando así la desaparición de la función pública tal y como la conocemos. Cierto es que tal cambio puede realizarse puesto que las normas son convencionales y el legislador puede cambiarlas, pero se tiene que sopesar que lo que está en juego es la independencia de los funcionarios, y que justamente para garantizar dicha independencia es por lo que para la función pública hasta ahora se ha tratado de seleccionar a las personas candidatas mediante un concurso-oposición de acuerdo con criterios de objetividad y los principios de igualdad, mérito y capacidad. En la actualidad un funcionario público tiene la obligación de cumplir las instrucciones de un superior, salvo en el caso de que las resoluciones del superior sean contrarias a la ley. Hay funcionarios que se oponen a determinados actos administrativos que se presumen ilegales porque saben que no perderán su empleo, aunque tal vez pierdan perspectivas de promoción o ganen otros sinsabores. Cumplen así la función de independencia y vigilancia de las leyes encomendada. Pero si la estabilidad en el puesto de trabajo se perdiera, se perdería también la independencia de los funcionarios públicos y se estaría, de hecho, promoviendo entonces que la aplicación de la ley fuera cada vez más dudosa. Posición que no resulta demasiado conveniente en un país en el que uno de los principales problemas es precisamente que se acostumbra a dictar leyes que no se cumplen, lo que termina alejándonos cada vez más de esa Europa a la que queremos parecernos.

La investigación más reciente ha establecido claramente que la diferencia entre los países pobres y los países ricos reside en las "instituciones" de que se disponga. Los países más prósperos disfrutan de unas instituciones comunes independientes que constituyen un contrapeso para los intereses particulares de los individuos civiles de tal modo que los esfuerzos de todos revierten también en un bienestar sostenible para la mayoría. Si algo se ha echado en falta en España durante éstas décadas pasadas, no ha sido precisamente una administración pública más reducida, sino que han sido más instituciones independientes, con funcionarios públicos independientes y altamente cualificados, y con capacidad para decir verdades e influir en la opinión pública, en la política y en la gestión del Estado.

P.D.:
Ejemplos relevantes de funcionarios públicos que se han opuesto a graves ilegalidades en relación con la crisis de la burbuja inmobiliaria en España:
-  Jorge González, Jefe del servicio jurídico de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Su denuncia inició el llamado "Caso Malaya" (véase la denuncia de este funcionario en el Tomo 1 de la Sentencia de la Audiencia de Málaga sobre el caso). Fue apartado de sus funciones, aunque no podía ser despedido. El resto de funcionarios interinos (sin plaza estable) que componían el servicio fueron despedidos.