A estas alturas parecen perfectamente identificadas tanto las causas como buena parte de los efectos de la actual crisis económico-financiera cuyo inicio sintomático podemos situar en la caída de la aseguradora Lehman Brothers en 2008. El G-20 reunido en Londres en 2009 organizaba un plan global para restaurar el crecimiento y el empleo mediante el que los países inyectarían 1,1 billones de dólares en los mercados internacionales, se declaraba la guerra a los hedge funds y se hacía constar que "la era del secreto bancario ha terminado", lo que todavía no se ha cumplido. Los ingentes recursos públicos destinados a reactivar la economía y sanear el sistema financiero desataron la deuda en una serie de países europeos, y el sistema se mantuvo en crisis porque esta vez algunos endeudados Estados europeos no ofrecían credibilidad a los inversores para renovar su deuda, con lo que algunos de estos Estados se han convertido en economías cautivas de la deuda. Emilio Trigueros hace una "Autopsia de la incertidumbre" que permite reconstruir de nuevo la trama de la crisis desde la perspectiva del concepto clave de productos "derivados", como elementos de una economía de casino, alejada del sistema productivo, que termina promoviendo constitutivamente la crisis y conduciendo a la deuda mencionada, que golpea especialmente a aquellos países en los que además estalla una burbuja inmobiliaria, impulsada por algunos y que nadie se atrevió a desactivar. Hay quien piensa que era imposible hacerlo, tesis que encierra la idea de que es más fácil curar heridas que prevenirlas. A Keynes también le parecía sorprendente que para adoptar determinadas medidas hiciera falta una guerra. La ortodoxia alemana dominante en Europa, obviamente interesada en la protección de sus bancos más expuestos a la deuda de los países periféricos, impone una reducción de gastos a los países de la zona euro. Los efectos en los países europeos más afectados son diversos y atraviesan casi todas las estructuras. Así, por ejemplo, el Gobierno de España impone en mayo de 2010 una reducción del sueldo de los funcionarios públicos, entre otras medidas de reducción del déficit, además de la reestructuración y adelgazamiento del sector bancario. En otro nivel, el responsable de Hacienda de la Comunidad Valenciana (estructura autonómica española) dibuja una situación insostenible en 2011: "Todos los meses ingreso 700 millones de euros del modelo de financiación. La nómina son casi 300, universidades son 100 y farmacia son 220, ya tengo repartidos fijos 620 millones. Si lo que yo debería tener para pagar cosas, lo tengo que destinar a amortizar deuda no me queda nada"(1). El mencionado responsable no cuestiona la tasa de endeudamiento. En algunas provincias, como la de Alicante, se ha perdido músculo financiero con la intervención de una entidad bancaria (CAM) por parte del Banco de España para su posterior subasta a bajo precio, una vez saneada con dinero público. Esto genera sentimientos de agravio en parte de la ciudadanía. Andrés Pedreño, ex-rector de la Universidad de Alicante pone de manifiesto que se trata de un problema de mala gestión e imprevisión advertidos previamente. En el ámbito local, la prensa refleja las palabras siguientes: "Somos el Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana con mayor número de funcionarios y laborales per cápita; uno de cada 50 habitantes trabaja en el Ayuntamiento". Son palabras de César Sánchez, alcalde de Calp sobre la situación a la que ha llegado la plantilla municipal, "insostenible", según dice". Casi todas las estructuras políticas y económicas se aprestan a la reducción... Parece claro también que en todos los ámbitos hay, por añadidura, una pérdida en la escala de la competitividad mundial. Con independencia de la identificación de las causas de la crisis, y de sus efectos, así como de sus actores y responsabilidades (sociales, empresariales, políticas y penales -caso de Islandia y Estados Unidos), el hecho de que se haya puesto luz en las causas de la crisis así como en los efectos de la misma, no significa que haya un acuerdo acerca de qué hacer para salir de la misma. Krugman combate la idea alemana de que se trata de una fábula sobre la deuda y el castigo (en alemán Schuld significa no sólo "deuda" sino también "culpa", lo que exigiría un castigo -Nietzsche), puesto que se olvida que países como España tenían superávit presupuestario y una deuda baja antes de 2008. Cree que el Banco Central Europeo debería reorientar sus funciones y comprar deuda de estos países con dificultades aplicando una política expansiva, asumiendo una mayor inflación. El actual ajuste presupuestario sería como practicar a los pacientes la vieja sangría debilitadora. Joschka Fischer defiende que la solución es una Europa federal, con una mayor integración económica y política, de lo contrario Europa puede hundirse en el abismo, riesgo en absoluto conjurado.En Japón se vive desde hace 20 años una crisis semejante a la de algunos países europeos, combinando pérdida de competitividad y estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que causó a los japoneses la pérdida de la mitad de sus ahorros y riqueza acumulada. Japón todavía no se ha recuperado en una especie de salida lenta de la crisis. Aplicaron políticas expansivas que no terminan de resultar y que han incrementado la deuda hasta un 200% del PIB. No está claro que algunos países europeos se lo pudieran permitir.
Hay que aprestarse a buscar la salida de la crisis, pero si alguien cree que eso puede hacerse cabalmente olvidando las causas y a los responsables de la misma, no hace más que insistir en el embuste implícito en la nueva verdad con la que los que antes defendían otra verdad nos quieren liberar de ésta, también atribuible a ellos mismos, sin que denunciaran entonces la mentira (Rafael Argullol: "La verdad de los mentirosos").
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Notas:
(1) El mismo responsable de Haciencia parece que ha precisado días después las cifras. Según la noticia de prensa del 29/09/2011: "Vela [Consejero de Hacienda] detalló a los sindicalistas que los ingresos mensuales del Consell, entre transferencias del Estado y tributos propios, rondan los 770 millones de euros. Mientras que sus gastos mensuales superan los 1.100 millones. Insostenible. Y reiteró que solo podrá salvar los muebles si el Estado emite y renueva como propia la deuda que tiene autorizada la Generalitat.
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